La depuración de las aguas residuales es un aspecto que concierne a muchos sujetos nacionales e internacionales. En este caso, nos concierne a todos, pues hablamos de la sanción impuesta a España hace ya un año por la Comisión Europea. Se trata de una multa por la falta de depuración del agua en determinados lugares de España, que asciende ya a más de 22 millones de euros y seguirá creciendo en tanto no se solucione el problema en los núcleos de población afectados.
Entre los núcleos de población afectados continúa Gijón Este, además de otros ocho lugares, tal y como detalla la información aparecida recientemente en el diario El País. Es este un problema que se arrastra ya desde hace más de 30 años según indica el periódico, momento en el que fue aprobada la Directiva Europea que obliga al correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y no parece que cuente con visos de solución en el corto plazo, a pesar del alto coste económico que estas multas suponen para las arcas del Estado. No obstante, la materialización de las sanciones económicas, como la efectivamente impuesta, supone un largo proceso de incumplimientos reiterados que desembocan en una condena efectiva por parte del TribunaL de Justicia de la Unión Europea, como ha sucedido en esta ocasión.
En todo caso, confiamos en que la responsabilidad de todos los entes y personas implicadas encuentre las vías de solventar un problema con grave repercusión no sólo en el medio ambiente sino también, y de modo directo, en la calidad de vida y la salud de las personas.